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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.
En Europa la Estrategia Europea sobre discapacidad (2010-2020) se ocupa para capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y participar en la sociedad y la economía en igualdad de condiciones. La estrategia se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y complementa la Estrategia Europa 2020 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE del Tratado de Lisboa. Desde que se instauró en la última década del siglo XX, el primer programa de discapacidad en la UE el programa HELIOS I y II, en el que por aquel entonces se trataba de garantizar la integración económica, social, educativa y la autonomía personal, es cierto que todavía actualmente en el primer cuarto del siglo XXI queda mucho camino por recorrer.
Las personas con discapacidad siguen teniendo muchas más trabas para encontrar trabajo, en especial las mujeres discapacitadas son las que más sufren esta doble discriminación, al mismo tiempo que su autonomía personal y participación en la sociedad deja mucho que desear. Es más, se habla mucho de las Smart Cities, de los servicios conectados a través de las TIC, se habla de sensores, de robots…, pero es lo cierto que son muchas las ciudades que no están preparadas para una adecuada accesibilidad urbanística, arquitectónica y también de comunicación para un importante sector de la población. La sociedad moderna en la que nos encontramos tiene que dar cabida y encaje a una innovación que englobe muchas aptitudes que conduzcan a que todas las personas con discapacidad tengan los mismos deberes y derechos que el resto de la población. Al mismo tiempo se necesitan nuevos comportamientos desde los actores que participan en el proceso económico y social, y sobre desde la Gobernanza Institucional que haga posible un cambio fundamental a favor de las personas con discapacidad y en donde los medios de comunicación tienen también una gran oportunidad de contribuir a sensibilizar en la opinión pública en la percepción integral de su integración en la sociedad.
