
Cuando uno observa lo que está ocurriendo con los incendios en España y en gran parte del mundo, la ecuación es clara: clima más extremo, vegetación más seca y un territorio que ha cambiado más rápido que nuestra forma de gestionarlo.
El fuego es el síntoma, no la causa.
Lo que arde bajo el humo es algo menos visible: la manera en que decidimos, coordinamos y, sobre todo, evaluamos lo que hacemos.
Porque buena parte del problema es que apenas evaluamos nuestras políticas públicas, y cuando lo hacemos, solemos medir mal.
No basta con ser eficientes; conviene ser eficaces: importa menos con cuántos medios se apaga un incendio que si esa política logra, de verdad, que no llegue a producirse.
Es además una evaluación que debería ser multinivel local, regional, nacional y también europea, porque el fuego, como el clima, no entiende de fronteras administrativas y que pide una coordinación real entre administraciones que rara vez se da.
Mientras no evaluemos así, seguiremos gastando mucho más en apagar que en prevenir, con una gestión del territorio y del riesgo poco adaptada al contexto actual.
Y prevenir cuesta una fracción de lo que cuesta reparar: la factura de lo no previsto suele llegar tarde y multiplicada.
No es solo cuestión de dinero; es que, sin evaluar, repetimos cada año los mismos errores creyendo que hacemos lo correcto.
La ciencia lleva tiempo ofreciendo conocimiento útil, pero no siempre llega a quien decide, ni a la ciudadanía.
A veces ni siquiera circula entre administraciones, que tienden a guardar sus datos en sistemas que no dialogan cuando la salida pasaría, precisamente, por compartirlos y hacerlos interoperables.
Hay además dos palancas que se aprovechan poco y que podrían cambiar las cosas.
Una es la innovación social, pero no cualquiera: la que nace de la inteligencia colectiva, de pensar y decidir juntos lo público y lo privado, el conocimiento de quien vive el territorio, la sociedad organizándose antes del desastre y no después en lugar de que cada cual defienda su trozo.
La otra, unas tecnologías emergentes que ya permiten anticipar el riesgo.
Pero el debate público tiende a desplazarse hacia terrenos ideológicos y superficiales que poco tienen que ver con la gestión del riesgo: cada verano se repite el mismo cruce estéril de reproches mientras el monte arde, y las decisiones que de verdad importan se toman lejos de donde se ven las llamas.
Así, la distancia entre conocimiento, políticas y sociedad no deja de crecer; una sociedad que, además, suele implicarse solo cuando el fuego le llega a la puerta.
Y sin embargo, el modelo de cómo hacerlo mejor lo tenemos delante.
La naturaleza lleva miles de millones de años gestionando lo complejo sin destruirlo: evalúa cada error, escucha su entorno y se corrige con él.
No es que a la gobernanza le falte maestra; es que no aprende de ella: ni la escucha ni se corrige.
Atender a esa lección significa gestionar el territorio de forma activa, para que el monte no se convierta en un polvorín, y dotarnos de instituciones que se anticipen y aprendan en vez de reaccionar siempre tarde.
Conviene decirlo, porque esto excede con mucho a los incendios.
Por esa misma barranquilla por la que baja el fuego se nos van también el agua, la biodiversidad, el aire limpio; en el fondo, se nos va el planeta.
El incendio es el caso de este verano; el fallo de gobernanza que lo explica es el mismo que arrastramos en todo lo demás.
El conocimiento para hacerlo mejor existe.
Lo que falta es la voluntad de medir lo que importa, de evaluar de verdad lo que hacemos y de aprender de lo que ya funciona a nuestro alrededor.
A partir de ahí, cada cual puede sacar sus conclusiones.
Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad CEU. Director de Agencia de Desarrollo, líder en economía circular y pionero en acción climática, colabora con diversas comisiones de Naciones Unidas.
Fundador y director de la Plataforma OSICO, impulsa un espacio innovador de reflexión y cooperación frente a los grandes desafíos contemporáneos.